La Alianza Libres Sin Violencia, plataforma que aglutina a más de 60 organizaciones a nivel nacional que velan por la correcta aplicación de la Ley Nº 348 y el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, observa con preocupación los altos índices de corrupción en el sistema judicial y las barreras que se crean para el Acceso a la Justicia, desencadenando una ola de impunidad en casos de feminicidios reforzando así la violencia de género en la sociedad.

Creemos que este caso es un claro ejemplo de cómo el sistema de justicia se presta para la corrupción donde los hombres tienen mayores posibilidades de triunfar y quedar impunes, pues en su mayoría tienen la capacidad económica para responder a los costos de la justicia y manipularla.

El 30 de  agosto del año 2015 Lidia flores Quispe de 18 años fue encontrada sin vida  en su domicilio ubicado en la localidad de Patacamaya, presentaba rasgos de violencia sexual y  lesiones en todo el cuerpo. De su habitación había desaparecido sus celulares y una laptop. Quince días antes (15 de agosto de 2015) su ex enamorado Hidalgo Dionicio Sarzuri  había ingresado hasta su dormitorio donde la amenazó de muerte  con un cuchillo pretendiendo obligarla a mantener su relación de enamorados, extremos que permitieron a la familia deducir que este era el autor de su muerte.  Hidalgo Sarzuri es encontrado en un cuartel de Oruro en posición de todos los objetos que pertenecían a Lidia y que fueron sustraídos el día de los hechos. En su declaración reconoce el hecho, sin embargo lo presenta como un accidente.  

El padre del agresor inicialmente ofreció una fuerte suma de dinero a la madre de la Lidia, a cambio de que esta deje el proceso, la madre pese a sus escasos recursos económicos  le hace saber que la dignidad de su hija no tiene precio y que recurrirá a todas las instancias para encontrar justicia, ante la negativa de la madre de Lidia recibió como respuesta que  con su dinero no podría hacer nada en contra de su hijo. Seguidamente estas son las irregularidades que se producen dentro del proceso:

1.- El fiscal de materia Dr. Hugo Linares en fecha 1 de septiembre del 2015 imputa por el delito de Asesinato en concurso de Robo. Cuando correspondía la calificación de Feminicidio. Se determina su detención preventiva en el Penal de San Pedro.

2.- En abril del  2016, el imputado solicita cesación a la detención preventiva, donde si bien se le niega se desvirtúa riesgos procesales, como el peligro para la víctima.  La parte querellante apela, recurso que la Jueza Cautelar de Patacamaya no remite ante el  Tribunal Departamental de Justicia, cuando por ley tenía 24 horas.  

3.- El imputado en mayo del 2016, vuelve a solicitar la cesación a la detención preventiva y la Jueza de Patacamaya Dra. Verónica Juárez, sin que se resuelva la anterior apelación le concede detención domiciliaria. Resolución que también es apelada por las querellantes.

4.- En septiembre se resuelven ambas apelaciones y los Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirman ambas resoluciones. Estas dos resoluciones por la fragante violación de derechos humanos a las víctimas dio  lugar  a  que la parte querellante presente dos amparos constitucionales, donde se les concede la tutela y en una de ellas en la SC 552/2017 S1, de manera expresa se señala  “….aspecto que no fue corregido por el Tribunal de alzada y por el contrario socapó la vulneración cometida por la Jueza a quo,  lesionando así el derecho al debido proceso de los accionantes (Sala Penal 1ra. Tribunal Constitucional.  Creemos que ese es el término correcto para estas autoridades socapadoras de actos ilegales.

5.- La fiscal de materia Dra. Juana Janeth Cortes, en junio del 2016 presenta acusación por el delito de FEMINICIDIO, no ofrece como prueba el Protocolo de Autopsia, la pericia de Biología del IDIF  (que demuestra la presencia  de espermatozoides), ofrece a los peritos como testigos y no ofrece los objetos de prueba como la laptop y celulares encontrados en poder del  agresor el día de su detención.  La acusación particular ofreció ante el Tribunal de Sentencia todas las pruebas del cuaderno de investigaciones en fotocopias legalizadas, por lo tanto se pudo introducir (judicializar) la prueba fundamental omitida por el Ministerio Público encaminada a demostrar la comisión del delito de FEMINICIDIO.  

6.- El Tribunal de Sentencia Penal 1ro. Juzgado de Partido Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Sica Sica, compuesto por Dr. Michael Marcial Salazar, Dr. Luis Adolfo Argani y Dr. Manuel Edmundo Vargas, en fecha 18 de enero de 2018 dictó sentencia condenatoria en contra de HIDALGO DIONICIO SARZURI CASTILLO  por el delito de LESIONES SEGUIDA DE MUERTE dándole una pena de apenas de 8 años de privación de libertad. Esta sentencia es realmente vergonzosa, cuando en juicio se pudo demostrar con pruebas fehacientes que el acusado mató a Lidia Flores con golpes en la cabeza, estando agonizando la violó, para posteriormente arrastrarla tomada de los pies boca abajo por dos lotes de terreno (46 metros).

Las cifras de feminicidio en nuestro país, resultan ser alarmantes, siendo mucho más alarmantes los altos índices de impunidad. Consideramos que el caso de feminicidio de Lidia Flores y la constante violación de derechos humanos en el sistema judicial por la revictimización a sus padres y la determinación de una sentencia salida de toda norma jurídica, explica lo que viene sucediendo en nuestro país.

Es a diario que se escucha declaraciones de autoridades judiciales de hacer lucha a la violencia contra las mujeres, sin embargo el sistema penal revictimiza  hasta cansar a las víctimas y lograr que abandonen el proceso, para llegar a negociaciones con los agresores que les favorezcan con salidas alternativas del proceso.

Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero Vs. Mexico señaló que “Cuando el Estado no responsabiliza a los autores de actos de violencia y la sociedad tolera expresa o tácitamente a dicha violencia, la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal”. Es claro que hoy en día,  las mujeres se encuentran  frente a un Estado tolerante de violencia de feminicida, donde autoridades que absuelven a autores de feminicidio siguen administrando justicia, creando una falta de confianza  en la justicia que tiene como efecto que muchos casos no lleguen ni a una denuncia.  

Por este motivo, la Alianza Libres Sin Violencia exige a las altas autoridades del Órgano  judicial y  Ministerio Público,  realizar la investigación correspondiente en este tipo de casos y sancionar a estas autoridades con el rigor de Ley.  El problema de la impunidad en casos de feminicidios es un problema de grandes dimensiones por lo que requiere la intervención de Instancias del Órgano Ejecutivo para su control como el Ministerio de Transparencia, Ministerio  de Justicia entre otros.